Cobrar la pensión de un adulto mayor sin su permiso se castigaría con 8 años de prisión en la CDMX


De cuatro a ocho años de prisión y una multa de hasta 71 mil 696 pesos se impondrá de sanción a quién o quienes usurpen la identidad de personas adultas mayores para cometer delitos como fraudes.



Así lo propuso la legisladora de Morena, Esperanza Villalobos, quien presentó una iniciativa por la que se añade un párrafo tercero al Artículo 211 Bis del Código Penal para el Distrito Federal.



Refirió que hay personas que aprovechan el poco o nulo manejo que tienen las personas adultas mayores en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías de la información y medios electrónicos con el fin de robarles, principalmente, el apoyo económico de dos mil 550 pesos bimestrales que otorga el gobierno federal.



“Es normal ver diariamente el periódico las cuales tristemente informan de que otra persona adulta mayor ha sido víctima de la delincuencia y un tercero ha utilizado su cuenta para transferencias o consumos”, destacó.



Por lo que dijo es de suma importancia que “debemos implementar castigos más severos cuando alguna persona trate de aprovecharse de uno de nuestros grupos más vulnerables”.



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Indicó que de acuerdo con la Coordinación de la Seguridad de la Información (CERT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la usurpación de identidad causa, más allá de problemas económicos, sino también emocional y psicológico.



Expusó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que la población de 18 a 70 años, 68 por ciento (54 millones de personas) tienen al menos un producto financiero , lo que representa 2 millones más con respecto al levantamiento de 2015.



También reveló que la cuenta de nómina o pensión es la más numerosa, es decir seis de cada 10 personas que tienen algún tipo de cuenta la contrataron para recibir su nómina o pensión, esto es, 22.5 millones de personas y en el caso de las cuentas para recibir apoyos de gobierno, 6.5 millones de personas de 18 a 70 años tienen una, lo cual significa 1.7 millones adicionales al resultado de 2015.



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